Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2024 aumentaron un 5% respecto al año anterior, hasta alcanzar 1,1 millones de solicitudes. Son datos extraídos del XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-LA LEY.El 74% de los usuarios quedó satisfecho con la asistencia legal recibida por el abogado del turno de oficio, según una encuesta realizada por Metroscopia.

A pesar de la creciente demanda de este servicio, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio. En 2024 esa cifra se redujo un 2% y por primera vez quedó por debajo de los 40.000 inscritos.Ante esta situación, el Consejo General de la Abogacía Española considera que es urgente una reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita que asegure su sostenibilidad. Todo ello con el fin de garantizar un servicio esencial para la tutela judicial efectiva de los colectivos más vulnerables.

Según los datos aportados, el 52% de los solicitantes son hombres, la mayoría de ellos con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años y el 50% de ellos con una renta media inferior a los 10.000 euros anuales, mientras que las mujeres representan el 48% de las peticiones.

Estos asuntos judiciales fueron atendidos por los cerca de los 39.941 abogados inscritos en el turno de oficio, una cifra que por primera vez desde que hay registros se sitúa por debajo de los 40.000 profesionales, lo que supone una “sangría” en palabras del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que atribuye el descenso a los «baremos irrisorios» que no se actualizan desde hace años, los retrasos en los pagos o las actuaciones que no se remuneran.

En concreto, la caída respecto al 2023, cuando había 40.748, es de un 2% menos. En 2019 representaban un 31% del total de los abogados ejercientes; el año pasado se quedaron en el 26,8%.

Según el informe, la comunidad autónoma que más gastó fue Cataluña con 68,1 millones, seguida de la Comunidad de Madrid con 55,1 millones y Valencia con 51,8. Los expertos explican el incremento del gasto por el aumento de la solicitudes y el hecho de que algunas regiones hayan actualizado los baremos de retribución.

En concreto, quienes lo hicieron fueron Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y País Vasco. La inversión media por ciudadano fue de 7,07 euros, una cantidad que varía entre las regiones en función de la población, el número de solicitudes o el volumen de asuntos de extranjería.

Además, Cataluña aglutina el mayor número de solicitudes gestionadas, con 267.982, por delante de Andalucía, con 223.038, la Comunidad de Madrid, con 162.436, y la Comunitat Valenciana, con 127.898. En el lado contrario, Ceuta, con 4.409; La Rioja, con 4.606; y Melilla, con 3.027 fueron las que menos asumieron.